Jornada desarrollada en el marco de la Feria de Sant Miquel y el salón Eurofruit
Unanimidad en la crítica al hecho que se aplique un solo plan estratégico para todo el país que no tenga en cuenta la realidad agraria catalana
La Generalitat de Catalunya y las organizaciones agrarias catalanas participantes en la Jornada sobre la Política Agraria Común (PAC) post 2020, organizada por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, han coincidido en que la reforma de la PAC comporta varios riesgos derivados de la introducción de normativas muy exigentes en la gestión agraria, la reducción del presupuesto y el hecho que se aplique un solo plan estratégico para todo el Estado que no tenga en cuenta la realidad agraria catalana. Inaugurada por Teresa Jordà y Roura, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, la jornada se ha desarrollado en el marco de la Feria de Sant Miquel y el salón Eurofruit.
En el transcurso del encuentro Carles Vicente, responsable de Organización de Unió de Pagesos, ha abogado por luchar para evitar el recorte del presupuesto, puesto que considera que es ilógico “reducir las ayudas mientras se incrementan las exigencias al sector agrario, muchas de las cuales no se podrán cumplir”. Vicente ha considerado que resulta excesivo tener que condicionar, con más obligaciones en materia de medio ambiente (la llamada condicionalidad), un 40% de los fondos destinados a ayudas al desarrollo rural.
Igualmente, UP considera que hay que centrar las ayudas directas de la PAC en los agricultores para los cuales la explotación agropecuaria suponga una parte significativa de su economía, es decir, dirigidos a la figura del agricultor activo, definida en el Estado a partir del 2019 como aquel a quien la actividad agropecuaria supone la obtención de unos ingresos agrarios de al menos del 25% de los ingresos totales.
En otro ámbito, Vicente también ha denunciado el funcionamiento de las reservas de crisis, puesto que a menudo no se han podido aplicar (cómo por ejemplo en el caso de la crisis de la fruta) “por la falta de elementos objetivos a la hora de gestionarlas”.
Jordi Vidal, secretario técnico de JARC, ha considerado que “ahora más que nunca es necesario un apoyo a la renta del agricultor y al ganadero” puesto que estos no tienen libertad de producción —por ejemplo en los ámbitos de los transgénicos, los fertilizantes químicos o las carnes hormonadas— en el marco de una economía cada vez más globalizada en la que ciertos países sí permiten estas prácticas.
Vidal también ha criticado la caída de la renta agraria, afirmando que “los baremos oficiales para valorar este tema son una trampa, puesto que no se valora la gran cantidad de horas que dedican los labradores a sus explotaciones agrarias” y pidiendo mejores políticas económicas y fiscales para los profesionales del campo.
El representante de JARC considera que el plan estratégico que se derive de la reforma de la PAC también tiene que prestar atención a la explotación familiar agraria y que tiene que tener en cuenta la cadena de valor a nivel europeo, con una nueva distribución de los márgenes, y consiguiendo que los beneficios lleguen al productor.
Xavier Pié, vicepresidente primero de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC), también considera que hace falta “regionalizar” el plan estratégico la nueva PEC para adaptarla a cada comunidad, y ha pedido asimismo que la Generalitat no reduzca el presupuesto destinado al sector agrario. Pié ha defendido los programas operativos destinados a las organizaciones agrarias, pero considera que los 7,8 millones de euros destinados en Cataluña son insuficientes y que hay que buscar fondos adicionales.
El representante de la FCAC ha afirmado que no ve mal el llamado capping (limitación de la ayuda máxima por explotación) si los fondos resultantes se dedican en los programas operativos. Finalmente, ha dicho que es excesivo el nivel de exigencia para el programa de la fruta y la huerta, que en el ámbito medioambiental ha pasado del 10 al 20% y que en el ámbito de la innovación es del 5%.
El director general de Desarrollo de la Consejería de Agricultura, Oriol Anson, considera que la Comisión Europea tiene que tener en cuenta las necesidades reales del sector primario en Cataluña. El Gobierno de la Generalitat reclama la regionalización de los fondos y que los planes estratégicos se establezcan a nivel territorial con el objetivo de poder hacer una gestión más eficiente y eficaz de las ayudas, puesto que “las diferentes comunidades del Estado tienen realidades muy diferentes”. El representante de la Generalitat consideraría idóneo que “Madrid traspasara una partida económica en el Gobierno catalán para que este hiciera su propio plan estratégico en función de las necesidades reales del campo catalán”.
